El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en el país, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios, anunció este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los nuevos penales se ubicarán en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz.

El primer centro se levantará en Sinaloa, con capacidad para 2 mil 640 personas, como respuesta directa a las riñas registradas en el penal El Castillo, en Mazatlán, que dejaron una docena de personas fallecidas, entre ellas un menor de edad que se encontraba de visita. Mientras se concreta la obra, ese centro permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal federal de Prevención y Reinserción Social.

De acuerdo con lo expuesto por García Harfuch, cada uno de los nuevos centros contará con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales de comunicación, así como módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad según su perfil y nivel de riesgo.

El proyecto no se limita a levantar edificios. Las instalaciones incluirán espacios para educación, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas, con el objetivo de ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción social. “El objetivo es contar con instalaciones que permitan mantener el control penitenciario y al mismo tiempo ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción”, señaló el funcionario.

La presidenta Sheinbaum explicó que ampliar la capacidad penitenciaria es necesario para evitar que la sobrepoblación afecte los derechos humanos y la seguridad dentro de las instalaciones, un problema que se agrava conforme aumentan las detenciones. El Gobierno prevé concluir las obras aproximadamente en 2028, aunque todavía no ha informado el costo total ni el calendario de construcción de cada centro.

El anuncio forma parte de un nuevo modelo nacional de gestión penitenciaria que, según García Harfuch, busca también profesionalizar al personal, modernizar los procedimientos de vigilancia y control, e impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde el interior de los penales. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, las autoridades realizaron 3 mil 275 traslados de personas privadas de la libertad para reducir riesgos, además de más de 10 mil revisiones en las que se aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.

Foto: EneasMx / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)