La Fiscalía General de la República realizó este miércoles el primer cateo en instalaciones del Instituto Nacional Electoral, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

El operativo se concentró en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y en la Subdirección de Adquisiciones, áreas que pertenecen a la Dirección Ejecutiva de Administración y que conducen las licitaciones y la asignación de bienes y contratos del instituto. Las oficinas están en la Torre Zafiro, en Periférico Sur 4124, colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, donde también se encuentra el Órgano Interno de Control.

En la diligencia participaron agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. De acuerdo con fuentes del propio instituto, los agentes ingresaron al menos a dos pisos del edificio para revisar documentación de las áreas intervenidas.

El área cateada estuvo encabezada hasta el 27 de octubre por Mario Alfonso Burciaga Esparza, a quien las consejerías le pidieron la renuncia tras difundirse videos en los que aparece brindando con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales señalado en las denuncias que originaron las pesquisas.

Uno de los contratos bajo la lupa es el de la producción de la credencial para votar del periodo 2026-2031, uno de los más costosos del instituto, con un valor superior a los mil 100 millones de pesos. También se indaga la designación en puestos clave de la administración de personas vinculadas profesionalmente con el mismo proveedor, entre ellas Jesús García González, encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración desde septiembre de 2025.

Las consejerías del INE confirmaron que la encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración, Liliana Díaz León Zapata, no avisó con suficiente anticipación que la Fiscalía acudiría a las instalaciones. Un día antes, la presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz, había informado en conferencia de prensa que ni el Órgano Interno de Control ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Fiscalía les habían hecho algún requerimiento o visita.

La Fiscalía indaga la posible comisión de delitos como cohecho, tráfico de influencias, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones y uso de documento falso. La Unidad de Inteligencia Financiera ya inmovilizó cuentas bancarias de personas relacionadas con la trama, y la Auditoría Superior de la Federación mantiene sus propias revisiones sobre los contratos cuestionados.

Foto de archivo: sede central del INE en Tlalpan, Ciudad de México. Autor: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0. El cateo de este miércoles se realizó en la Torre Zafiro, sede alterna de la Dirección de Administración del instituto.