En respuesta a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, el Pentágono anunció el despliegue de hasta 1,500 soldados en servicio activo en la frontera sur de Estados Unidos. Esta medida busca intensificar el control migratorio y reforzar la seguridad en la zona.

Actualmente, aproximadamente 2,500 miembros de la Guardia Nacional y de las Reservas ya están asignados a tareas de apoyo en la frontera. Los nuevos efectivos se encargarán de labores logísticas, transporte y construcción de barreras, asistiendo a los agentes de la Patrulla Fronteriza en sus funciones. Sin embargo, debido a restricciones legales establecidas por la Ley Posse Comitatus, estos militares no pueden participar directamente en actividades de aplicación de la ley, como detenciones o arrestos.

Para ampliar las capacidades de las fuerzas armadas en la frontera, el presidente Trump ha solicitado que, en un plazo de 90 días, los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional evalúen la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807. Esta legislación permitiría a los militares asumir roles más directos en la aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense, una medida que no se ha implementado desde los disturbios de Los Ángeles en 1992.

Durante su discurso inaugural, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, afirmando que “todo ingreso ilegal será detenido inmediatamente” y que se iniciará el proceso de devolver a “millones y millones de extranjeros criminales” a sus países de origen.

Este despliegue militar representa una expansión significativa del papel de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad fronteriza, un tema que ha generado debate en torno a las implicaciones legales y operativas de dicha participación.