La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrenta una presión creciente para separarse temporalmente del cargo mientras se aclaran presuntas irregularidades en contratos millonarios del órgano electoral, un debate que se intensificó esta semana en la antesala del proceso electoral de 2027.

En la sesión extraordinaria del Consejo General, representantes de los partidos Somos y PRI pidieron la separación temporal de Taddei para esclarecer presuntos conflictos de interés e irregularidades administrativas. Entre los señalamientos expuestos figuran que su chofer, Jonathan Navarrete, aparece como representante legal de una empresa proveedora, una adjudicación directa de 197 millones de pesos para urnas y mamparas, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 66.5 millones de pesos y pagos por 6.2 millones de pesos a personas cuyos servicios no quedaron debidamente documentados.

De acuerdo con reportes del diario Reforma retomados por distintos medios, siete empresas proveedoras vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas son investigadas por autoridades federales por presuntas operaciones de facturación simulada. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también indaga a esas compañías por presuntas irregularidades financieras y posibles prácticas contrarias a la competencia.

La consejera electoral Carla Humphrey cuestionó en entrevista la falta de transparencia y la concentración de poder en la presidencia del INE, tras un cambio de último momento en la estructura del órgano relacionado con la reforma judicial. Humphrey advirtió que las dudas sobre la gestión pueden afectar la credibilidad del árbitro electoral rumbo a 2027.

Taddei ha rechazado separarse del cargo y anunció un portal de transparencia para publicar las compras y los contratos del proceso electoral rumbo a 2027, una medida que sus críticos consideran insuficiente mientras no se aclaren los señalamientos de fondo.

Es importante distinguir los planos: se trata de investigaciones y señalamientos periodísticos y partidistas en curso, no de delitos probados ni de resoluciones definitivas contra la presidenta del INE. Lo que está en juego, según coinciden consejeros y partidos opositores, es la confianza pública en la institución que organizará las elecciones de 2027.

Foto al pie: sede del INE en la Ciudad de México — ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).